La cesión de solares a la Generalitat para la construcción de vivienda social se ha consolidado como la medida más efectiva entre los municipios. Ciudades como Tarragona, Reus, Cambrils, el Vendrell y Valls ya han facilitado terrenos para el plan de 50.000 viviendas del ejecutivo catalán hasta 2030. Paralelamente, la aplicación de recargos al IBI por pisos vacíos y la compra de viviendas por tanteo y retracto son otras estrategias.
En cuanto a la construcción propia, solo Tarragona y Reus están impulsando proyectos directos. En la capital tarraconense se están levantando 192 viviendas que se espera terminar en junio de 2026. El uso de recargos al IBI se extiende a municipios como Vila-seca, Tarragona y Torredembarra, donde la penalización puede alcanzar el 150% para propietarios de múltiples viviendas desocupadas.
“"Los ayuntamientos que no tenemos un músculo financiero bueno y no podemos dar ayudas a la población sí que podemos dar beneficios fiscales."
Otros municipios, como Torredembarra y Montblanc, han optado por bonificaciones del IBI de hasta el 95% para las viviendas destinadas a alquiler social. En Valls, el ayuntamiento ha intentado contactar con la Sareb para movilizar su parque inmobiliario, a pesar de las dificultades reconocidas por la concejala de Vivienda.
“"Hemos intentado hablar con ellos, pero es muy difícil contactar. Supongo que tampoco les interesa mucho que les vayamos detrás."
A pesar de la urgencia, municipios turísticos con un alto volumen de segundas residencias, como Salou y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aún no han implementado ninguna medida concreta. Salou solo ha anunciado la redacción de un Plan Local de Vivienda.
