La entidad subraya que la remunicipalización del servicio, que atiende a 237.000 habitantes, fue fruto de la movilización ciudadana para garantizar una gestión directa y con todas las garantías de un servicio público, como la eficiencia, la calidad, la transparencia, la participación y la equidad social.
Según el Observatorio, no es la primera vez que grupos de interés del sector privado, como AGBAR (actualmente VEÒLIA) y su filial local MINA, intentan cuestionar la gestión pública. Consideran que esta pone en peligro el gran negocio privado del agua en Catalunya, que se concentra mayoritariamente en municipios de más de 50.000 habitantes y abarca el 80% de la población catalana.
“"Mina nunca ha acreditado documentalmente los clientes privados que reclama y le exige que los acredite documentalmente."
El Observatorio se muestra de acuerdo con el Ayuntamiento de Terrassa respecto a la falta de acreditación de clientes privados por parte de MINA. Además, califica de desproporcionada la estimación de 20.000 clientes que hace MINA, ya que la misma empresa reconoce que solo presta servicio a unos 700 copropietarios o tenedores, que no son clientes de sus negocios privados sino titulares de una copropiedad sobre los derechos de agua de la Mina.
Otro punto recurrente para desacreditar la gestión pública es la cesión de la ETAP de Abrera a la empresa pública de la Generalitat de Catalunya ATL (Aigües Ter-Llobregat), responsable del servicio de agua en alta a partir de 2026. El Observatorio aclara que esta decisión no fue unilateral del Ayuntamiento de Terrassa y desmiente que la ciudad tuviera garantizada la gestión de la ETAP Abrera hasta 2060.
El Decreto Ley 4/2018, de 17 de julio, asignó a ATL la gestión y el control de la red de abastecimiento de agua en alta de las poblaciones dependientes de la red Ter-Llobregat, ya que son de titularidad de la Generalitat de Catalunya. La ACA no había renovado el convenio con el Ayuntamiento de Terrassa, por el cual TAIGUA gestionó la ETAP Abrera durante los primeros cuatro años, y posteriormente reclamó la instalación para la gestión directa de ATL.
El cambio de gestión se realizó con el compromiso de ATL de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, una compensación de las inversiones no amortizadas (superiores a los 6 millones de euros) y una aplicación progresiva del precio de venta del m³ de agua durante los dos primeros años, con una revisión conjunta en el tercer año.
El Observatorio destaca que TAIGUA ha superado en dos ocasiones la inversión máxima realizada por MINA en sus últimos nueve años de gestión. El Plan de inversiones 2026-2029 de TAIGUA prevé cinco millones de euros anuales para la renovación de la red de distribución, que incluye más de 200 km de tuberías de fibrocemento obsoletas heredadas de MINA, con el objetivo de alcanzar una renovación anual del 2,4%, muy por encima de la media española del 0,2%.
Finalmente, el Observatorio del Agua de Terrassa reafirma su apoyo a la gestión de TAIGUA, defendiendo la gobernanza pública y social del agua basada en la transparencia y la reinversión del 100% de los beneficios en la mejora del servicio y en políticas sociales que garanticen el derecho humano al agua. Piden al Ayuntamiento que corte toda relación contractual con la empresa privada, a la que acusan de mala fe.
