La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona acoge el juicio contra el acusado, originario de Sabadell, que presuntamente aprovechó su posición de monitor para cometer los abusos de forma reiterada entre 2018 y 2019. El Ministerio Fiscal pide 30 años de prisión, inhabilitación y seis años de libertad vigilada una vez cumplida la condena.

El caso generó una gran conmoción en la comunidad educativa de Castellar. El Ayuntamiento de la localidad mostró su rechazo a la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell de dejar en libertad al monitor, detenido en febrero de 2020. El consistorio consideraba entonces que la medida no priorizaba la protección de los alumnos afectados.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el Ayuntamiento de Castellar trabajó coordinadamente con la escuela, el AMPA y el Departamento de Educación de la Generalitat. Se facilitaron recursos de asistencia jurídica y psicológica para los niños, las familias y el claustro docente del centro afectado.

El acusado también había trabajado anteriormente en otros centros, como la escuela Joanot Alisanda de Sabadell. Sin embargo, no ha trascendido ningún indicio de que hubiera víctimas durante su paso por otros equipamientos, ya que los hechos juzgados se concentran en el periodo en la escuela de Castellar.