El debate se produjo tras la huelga del pasado 24 de noviembre, que tuvo un seguimiento cercano al 70% de la plantilla. El diputado de ERC, Jordi Albert i Caballero, interpeló al Gobierno sobre la situación, contrastando el estancamiento salarial con el impulso del proyecto de expansión ALBA II.
“"actuar con cautela y con pleno respeto al procedimiento judicial en curso."
La consejera Núria Montserrat explicó que el conflicto está judicializado a raíz de la decisión del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS) de dejar de abonar los nuevos tramos del complemento de promoción profesional, alegando que implicarían un incremento de la masa salarial por encima de lo permitido por las leyes presupuestarias.
Aunque el Juzgado Social número 2 de Sabadell desestimó el conflicto colectivo en abril de 2025, los trabajadores han presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El comité de empresa insiste en que sus reivindicaciones van más allá, denunciando salarios congelados desde 2022 y una baja competitividad retributiva, hasta un 60% inferior a centros europeos similares.
Los representantes sindicales y el grupo de ERC alertaron de que el bloqueo salarial puede provocar una grave fuga de talento, dificultando la captación de profesionales cualificados. Esta advertencia llega justo después de que el Gobierno del Estado y la Generalitat aprobaran una adenda que garantiza una inversión de cerca de 1.000 millones de euros durante los próximos 15 años para desplegar el proyecto ALBA II.
