La anexión de Bellaterra a Sant Cugat entra en fase decisiva tras el informe de viabilidad

El proceso de segregación de Cerdanyola intensifica el debate vecinal y político, con la Generalitat prevista para decidir en marzo.

Una silueta d'un edifici municipal o un mapa administratiu amb línies de divisió borroses.

Una silueta d'un edifici municipal o un mapa administratiu amb línies de divisió borroses.

El proceso de segregación de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès y su anexión a Sant Cugat del Vallès ha entrado en la fase decisiva después de que el informe técnico del ayuntamiento santcugatense confirmara su viabilidad, intensificando el debate.

La plataforma Bellaterra és Sant Cugat inició el proceso en 2019 recogiendo más de 1.100 firmas, denunciando el abandono por parte de Cerdanyola. El informe técnico del Ayuntamiento de Sant Cugat ha respaldado la petición, señalando que el encaje es viable, a pesar de la firme oposición del Ayuntamiento de Cerdanyola.

"Bellaterra urbanísticamente solo puede crecer hacia Sant Cugat. La conexión en transporte público es más sostenible y más fácil, especialmente para las personas que no disponen de vehículo privado."

Elisenda de Clascà · Miembro de la plataforma Bellaterra és Sant Cugat
Los defensores de la anexión, como Matilda Olivera y Manel Rivera, subrayan la proximidad social y geográfica con Sant Cugat y las carencias históricas de servicios y mantenimiento por parte de Cerdanyola. Rivera recuerda que más del 60% de la población ya ha expresado formalmente esta voluntad.
Otro punto de fricción es el mantenimiento de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD). Mientras que vecinos como Quique Cots consideran fundamental conservar la EMD para garantizar un centro de gobierno propio, otros como Olivera y Clascà consideran que la figura administrativa es secundaria ante la prioridad de integrarse en Sant Cugat.
El debate político es intenso. El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón (PSC), calificó el informe de “grave deslealtad” y prometió utilizar todos los mecanismos legales para defender la integridad del municipio. Por el contrario, el teniente de alcaldía de Sant Cugat, Jordi Puigneró (Junts), defendió el documento técnico como un paso para respetar la voluntad vecinal. La Generalitat tiene seis meses para tomar una decisión, prevista para marzo.
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