El consistorio de Calafell ha explicado que, a pesar de los esfuerzos de los servicios sociales, no se puede obligar a nadie a abandonar la calle o a ingresar en un centro si no hay voluntad propia. Esta situación provoca una “indignación comprensible” entre los vecinos, especialmente en épocas de bajas temperaturas.
“"Pero es radicalmente falso que los servicios sociales municipales no hayan intervenido. Todo lo contrario, han hecho todo lo que han podido dentro de los márgenes de la ley."
La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Helena Rubio, ha indicado que, en algunos casos, se ha logrado que las personas acepten alimentos, agua o ropa de abrigo, a menudo con la ayuda de ONG. Sin embargo, estas acciones solo atenúan la situación, sin solucionar el problema de fondo.
La única vía para forzar la reubicación es la intervención judicial, solicitada por los servicios sociales mediante informes de oficio. No obstante, Rubio asevera que la decisión judicial “es negativa o tarda mucho tiempo”, ya que los jueces valoran si la decisión de vivir en la calle es libre y no está interferida por ninguna circunstancia. Si se considera una opción personal, no se puede contradecir.
