El macrodispositivo policial se inició a primera hora del miércoles en el antiguo Instituto B9, que había sido el asentamiento de migrantes más grande de Cataluña durante los últimos dos años. Aunque la mitad de los ocupantes habían abandonado el lugar voluntariamente, los Mossos d'Esquadra encontraron a unas 80 personas dentro. Durante las protestas en el exterior, se produjeron enfrentamientos con la policía, resultando en 18 detenidos por la Policía Nacional en aplicación de la Ley de Extranjería y más de 180 identificados.
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, justificó la actuación y rechazó ofrecer alojamiento a los desalojados, salvo a una quincena de personas ya en programas sociales, trasladando la responsabilidad al gobierno de Pedro Sánchez.
“"Pedro Sánchez y sus socios dicen que debemos acoger a todo el mundo sin ningún tipo de control. Pues ahora le corresponde a él buscarles vivienda."
El delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, calificó la actitud de Albiol de deplorable, reprochándole que desconociera sus propias competencias en materia de servicios sociales. La jueza había autorizado el desalojo el 5 de diciembre, citando informes sobre el riesgo de incendio, insalubridad y un brote de tuberculosis que había afectado a diez personas.
“"No hemos podido dormir, no tenemos familia aquí, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Me echan del único techo que tengo, ¿dónde iremos?"
El objetivo del Ayuntamiento de Badalona es demoler el edificio para construir una comisaría de la Guàrdia Urbana. Mientras tanto, cerca de un centenar de personas desalojadas pasaron la noche a la intemperie en la plaza cercana al barrio de Sant Roc, ya que solo una pequeña parte recibió asistencia residencial.
