La Iglesia catalana ha expresado su profunda preocupación por la falta de alternativa habitacional para las aproximadamente doscientas personas que fueron desalojadas del antiguo instituto B9, considerado el asentamiento más grande de Cataluña. Si bien el cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, instó a encontrar una solución al "drama" del sinhogarismo durante el operativo, los obispos de la CET se sumaron a la demanda con un comunicado este jueves.

Los obispos tarraconenses critican duramente que "centenares de personas se hayan quedado en la calle, en pleno invierno, sin que se haya contemplado ni tan solo una 'tregua invernal' como se hace en otros países europeos". A pesar de que la autorización judicial pedía seguir el protocolo de asistencia, este se redujo a un convenio con el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que permitía al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) acoger a algunas personas. Sin embargo, el CUESB no aplicó el protocolo, ya que el desalojo fue una acción planificada y no un "caso de urgencia o emergencia sobrevenida".

La CET propone a las administraciones y a las entidades del tercer sector establecer una mesa de diálogo con la participación de representantes de los afectados para encontrar una respuesta coordinada a corto y medio plazo. También piden que "se avance en la ley del sinhogarismo que hace meses se está tramitando con lentitud". Por su parte, Cáritas Barcelona, a través de su director Eduard Sala, reclamó "pactos" y "financiación" para abordar esta realidad, advirtiendo que, de lo contrario, "saldrá muy caro".