El Sindicato de Vivienda de Ciutat Vella había convocado la protesta desde primera hora de la mañana del 7 de enero de 2026 para intentar detener la ejecución, pero la presencia policial permitió llevar a cabo el desahucio de las siete familias.
Las familias afectadas tienen contratos de alquiler en vigor y están al corriente de pago, y existen dos informes de bomberos que certifican que no hay riesgo de derrumbe.
La entidad vecinal denuncia que la orden judicial se basa en una sentencia que declara el edificio en estado ruinoso, una afirmación que contradicen los informes de los Bomberos de Barcelona. El sindicato considera que el objetivo real de la propiedad es forzar la marcha de los vecinos para rehabilitar el inmueble y alquilar los pisos a precios superiores.
Además, los activistas han denunciado que los afectados han sufrido acoso inmobiliario durante meses. Aseguran que la propiedad no ha realizado las mejoras necesarias y que, incluso, rechazó el pago de los alquileres correspondientes al mes de diciembre.
