El pleno extraordinario celebrado este viernes en Badalona culminó una semana de gran tensión en torno al problema del sinhogarismo. La sesión, forzada por la oposición, buscaba que el alcalde Xavier Garcia Albiol rindiera cuentas sobre las muertes de personas sin hogar en la ciudad. La semana estuvo marcada por un desalojo bajo el puente de la C-31, la firma de la 'Declaració de Badalona' por parte de decenas de entidades sociales, y la conclusión de la Fiscalía de que el gobierno municipal incumplió una orden judicial en el desalojo del B9. Además, la exalcaldesa Dolors Sabater elevó la cifra de fallecidos a nueve, un extremo desmentido por Albiol.

En un clima de gran aspereza, el pleno aprobó por unanimidad el punto que expresaba el pésame institucional por las personas fallecidas y otro que contemplaba la creación de un comedor social. Fue en este momento cuando el alcalde Albiol sorprendió presentando la documentación del proyecto para un nuevo comedor social municipal. Anunció que se aprobará durante la primera quincena de abril y que las obras comenzarán el segundo semestre de 2026. A pesar de la propuesta de Albiol de retirar el punto del orden del día, los grupos de Guanyem y Badalona en Comú mantuvieron el debate, expresando dudas sobre el anuncio.

El debate se inició con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. La exalcaldesa Dolors Sabater abrió la discusión, lamentando que "la probabilidad de morir en las calles de Badalona es mayor que en grandes ciudades como París o Barcelona". Sabater insistió en la cifra de nueve fallecidos, mientras que la concejala Eva Guillén respondió con dureza, acusando a la oposición de atacar e insultar al gobierno municipal y advirtiendo de posibles consecuencias por sus manifestaciones.

Otras voces de la oposición también criticaron la gestión municipal. Aïda Llauradó, presidenta de Badalona en Comú Podem, denunció la "situación grave de las personas que mueren en la calle por desatención". Por su parte, Àlex Montornès, presidente del grupo de ERC, comparó la inversión de Badalona en sinhogarismo (117.000 euros) con la de otros municipios como L'Hospitalet o Terrassa (1,4 millones), afirmando que el gobierno "no hace todo lo que puede". El concejal socialista Christian Carneado calificó de "vergonzosa" la política comunicativa del gobierno de Albiol.

Otro punto de fricción fue la desocupación del antiguo instituto B9 y la gestión de los desalojados. Albiol defendió que el dispositivo se coordinó con la Generalitat y citó una providencia judicial de febrero que indicaba que la orden de desalojo del 4 de diciembre "no condicionaba el desalojo a la concesión de alternativa habitacional". El alcalde reiteró su negativa a reabrir el albergue municipal de Can Bofí Vell, a pesar de la insistencia de la oposición.