Las operaciones de compra de edificios enteros en Barcelona han experimentado una caída del 31% en el último año, pasando de 217 unidades en 2024 a 149 en 2025. Esta tendencia, celebrada por el consistorio, se atribuye a la combinación de la legislación de vivienda, que incluye topes en los precios del alquiler y de los alquileres de temporada, y a la oposición activa de los movimientos vecinales. Fuentes municipales interpretan este descenso como un éxito en la lucha contra la especulación inmobiliaria y la expulsión de vecinos.
Según el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), sin los topes legales, los nuevos alquileres en la ciudad podrían haber costado de media 1.318 euros mensuales, un 13,6% más que los 1.161 euros registrados. El organismo señala que la regulación ha permitido estabilizar los precios, aunque existen interpretaciones diversas sobre el impacto real en el mercado, con algunas patronales inmobiliarias apuntando a un encarecimiento del metro cuadrado y una caída en la contratación.
“"La demanda especulativa va a la baja gracias a la regulación y nos quedamos con la residencial."
Paralelamente, figuras políticas como Artur Mas, Jordi Turull y Xavier Trias han cuestionado la decisión de disolver Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hace diez años. En declaraciones a la ACN, coinciden en reivindicar el legado del partido, aunque con matices sobre cómo se ha gestionado posteriormente. Turull sugiere que la disolución fue una decisión estructural condicionada por circunstancias como los casos de corrupción y la presión de las 'cloacas del Estado', mientras que Trias lamenta la pérdida de identidad y Mas admite que 'quizás nos lo podríamos haber ahorrado'.
En otro orden de cosas, se ha generado controversia en torno a la próxima visita del Papa a Barcelona. Una alianza de colectivos independentistas, una rama de la masonería liderada por Joan Francesc Pont Clemente, la asociación Ateos de Cataluña y ERC han anunciado protestas y actos de boicot bajo el lema 'Yo no te espero'. Critican que la visita se trate como un evento de Estado, vulnerando la neutralidad institucional y el principio de aconfesionalidad.
