La vulneración de los derechos lingüísticos se produjo cuando la vecina intentó comprar el billete y posteriormente en el bar del servicio público, que realiza la travesía marítima entre el muelle de Drassanes y el de Llevant. Además, la persona afectada se quejó de que la web de abonos y la encuesta de satisfacción estaban únicamente en castellano.
La resolución del síndic concluye que el Puerto de Barcelona debe revisar los protocolos para garantizar "una respuesta adecuada a la ciudadanía en relación con las quejas o comunicaciones". Bondia también plantea la colaboración con la comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento, Marta Salicrú, para asegurar que los usuarios puedan emplear el catalán sin discriminación.
“"El catalán y el castellano se pueden emplear en todas las actividades públicas y privadas, sin discriminación, y las empresas y establecimientos que venden productos o que prestan servicios en Cataluña deben poder atender a los consumidores en cualquiera de los dos idiomas."
La queja llegó a la sindicatura a través de la Oficina de la No Discriminación. Bondia critica que el Ayuntamiento de Barcelona, como administración pública que forma parte de la Autoridad Portuaria, tardó seis meses en responderle, una lentitud que el síndic considera habitual en las comunicaciones de los gobiernos municipales.
