Las cámaras de lectura de matrículas instaladas en la Via Laietana comenzarán a sancionar automáticamente a los vehículos no registrados o que no cumplan las condiciones establecidas para circular por el carril de subida. Esta medida llega tras un mes y medio de fase informativa, durante la cual se han permitido los avisos a los infractores.
La reforma de la vía ha configurado un único carril de subida, destinado exclusivamente al transporte público y a la movilidad local. Tienen permiso para circular autobuses, taxis, servicios de emergencia y vehículos municipales. Asimismo, los residentes de los barrios cercanos, como el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta, pueden acceder si tienen el vehículo autorizado.
Otros colectivos con acceso permitido incluyen usuarios de aparcamientos de la zona, personas con movilidad reducida con plaza asignada y clientes de establecimientos como hoteles y talleres. Los vehículos de distribución de mercancías también pueden utilizar el carril, pero solo en franjas horarias específicas: de 10 a 12 h y de 14 a 16 h, de lunes a sábado.
Cualquier acceso al carril de subida fuera de estos supuestos será considerado una infracción y será detectado por las cámaras, que tramitarán la sanción sin intervención directa de agentes. El objetivo municipal es asegurar que solo los vehículos vinculados a la movilidad local y a los servicios esenciales circulen por este eje.
Los vehículos sin autorización pueden circular por el carril de bajada (sentido mar), que se mantiene abierto al tráfico general. Para desplazarse en sentido montaña, los conductores sin permiso deben utilizar vías alternativas del entorno, como calles paralelas u otros ejes principales de Ciutat Vella y el Eixample.
“"Las restricciones de tráfico dificultan la llegada de clientes, sobre todo de los que vienen de otros barrios o cargan compras voluminosas."
Las restricciones han generado preocupación entre los comerciantes, que ya sufrieron una bajada de ventas durante los tres años de obras. Varios paradistas del mercado de Santa Caterina y otros comerciantes denuncian que la limitación de acceso en vehículo reduce la clientela y complica la logística de proveedores. Asociaciones comerciales de Ciutat Vella ya habían advertido del impacto negativo en la actividad económica y habían pedido más consenso con el Ayuntamiento.
