La intervención es fruto de una investigación del Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo (GEVA), que permitió localizar las trampas e identificar al autor en la comarca de las Garrigues. Todo el material ha sido confiscado por las autoridades competentes.
El uso de estos lazos metálicos es un método no selectivo que pone en riesgo tanto a la fauna salvaje como a animales domésticos. Estas prácticas están recogidas en el Código Penal como delitos contra la fauna, con posibles penas de hasta dos años de cárcel y elevadas sanciones administrativas.
Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para detectar estos artefactos en zonas rurales. En caso de avistamiento, se recomienda contactar con el 112 y evitar manipular cualquier elemento para facilitar la labor de los investigadores.




