El Gobierno aprueba 12 nuevas plazas judiciales para la provincia de Girona en 2026

La mayoría de las nuevas unidades se destinarán a reforzar los tribunales de instancia y la Audiencia Provincial, con una plaza para Figueres.

Una balanza de la justicia sobre una mesa de madera en un entorno institucional neutro.
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Una balanza de la justicia sobre una mesa de madera en un entorno institucional neutro.

El Gobierno español creará 12 nuevas plazas de juez en la provincia de Girona en 2026, con el objetivo de reforzar la Audiencia y los tribunales de instancia de seis partidos judiciales.

La provincia de Girona recibirá 12 nuevas plazas de juez en el año 2026, según el reparto fijado por el Gobierno español. De estas, tres se destinarán a la Audiencia Provincial de Girona (una para la sección 1ª civil y dos para la sección civil), mientras que las nueve restantes se distribuirán entre seis partidos judiciales de la demarcación.
La ciudad de Girona concentrará cuatro de las nueve plazas destinadas a los juzgados de instancia: tres para la sección civil del Tribunal de Instancia de Girona y una para la sección social. El resto de partidos judiciales que recibirán una nueva plaza (sección civil y de instrucción) son Santa Coloma de Farners, Olot, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols y Figueres.

Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia y de un nuevo paso en la ambiciosa transformación de la Justicia.

Esta ampliación forma parte de un plan estatal que prevé la creación de 500 plazas judiciales en todo el Estado, de las cuales 91 corresponden a Cataluña. La distribución se basa en criterios objetivos como la litigiosidad y la población, de acuerdo con los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La creación de este medio millar de plazas es posible gracias a la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados que operan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico, reduciendo el coste de creación de una plaza de 500.000 euros a unos 100.000 euros.