Este cambio de tendencia se consolidó durante el tercer trimestre de 2025, cuando se aprobaron 76 de las 135 órdenes de protección incoadas, superando las 59 denegaciones. Esta cifra (56,3% de aprobaciones) contrasta fuertemente con el 35,6% adoptado en el mismo periodo del año anterior, cuando la mayoría de resoluciones eran desfavorables.
El aumento en el porcentaje de órdenes de protección adoptadas refuerza la respuesta judicial a las víctimas, a pesar del descenso en el número total de denuncias.
A pesar de la reducción en el número total de solicitudes de órdenes, la respuesta judicial se reforzó con un incremento del 23,9% de las medidas penales, pasando de 113 a 140. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (55) y las prohibiciones de comunicación (75). También destacan las suspensiones de guarda y custodia (9), que se duplicaron.
Este giro se produce en un contexto de descenso generalizado: las víctimas bajaron un 12,6% (697 mujeres) y las denuncias un 17,9% respecto al tercer trimestre de 2024. Un aspecto preocupante es el aumento del 18,1% de las mujeres que se acogieron a la dispensa de declarar contra el agresor, con 98 casos registrados.
