La actuación tuvo lugar el pasado 3 de febrero, tras un aviso de la Policía Local del municipio que alertó sobre el vertido. Los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente constataron que no se cumplían las distancias mínimas de seguridad establecidas por la ley.
La normativa, amparada por la Ley 18/2001 de ordenación agraria, prohíbe el uso de estos residuos en perímetros cercanos a fuentes de agua para evitar la filtración de contaminantes. La rápida intervención permitió identificar a la empresa y frenar el riesgo de afectación a las aguas subterráneas.
Los hechos han sido comunicados al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, autoridad competente que deberá decidir la cuantía de la sanción administrativa para la empresa infractora.
