A partir de la próxima semana, agentes de la policía catalana se incorporarán a cuatro centros de secundaria de Urgell y dos de la Val d'Aran. Esta iniciativa forma parte de un proyecto piloto más amplio que incluye otros institutos de Cataluña que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Según el Govern, el objetivo de esta medida es «mejorar la convivencia escolar» y no responde a problemas de inseguridad en las aulas. Sin embargo, asociaciones de familias de alumnos, sindicatos de docentes y diversas entidades del sector educativo han expresado su oposición frontal y han exigido la retirada inmediata del proyecto.
Los institutos afectados en Urgell son el Ribera del Sió de Agramunt, el Lo Pla d'Urgell de Bellpuig, y el Manuel de Pedrolo y Alfons Costafreda de Tàrrega. En la Val d'Aran, la medida se aplicará en el instituto Val d'Aran de Vielha y en la Escòla d'Ostalaria de Les. Los agentes de paisano se integrarán en espacios de trabajo ya existentes, como las comisiones de convivencia, de atención inclusiva (CAEI) y de absentismo.
“"La presencia policial no aumenta la seguridad y tiende a criminalizar al alumnado más vulnerable, además de generar desconfianza y estigmatización."
El sindicato mayoritario de la educación en Cataluña, Ustec-Stes, ha denunciado la «lógica policial» de la Conselleria de Educación, argumentando que se responde con medidas de seguridad a un problema educativo y social que la comunidad educativa lleva años señalando. Por su parte, el sindicato Profesores de Secundaria ha subrayado que la solución no es la presencia policial, sino «garantizar el respeto hacia el profesorado y su autoridad».
Un centenar de entidades agrupadas en la campaña Desmilitaritzem l'Educació han calificado la medida de «despropósito» y han pedido su retirada. Asimismo, CCOO ha rechazado la prueba piloto, considerando que no es el «enfoque correcto», a pesar de reconocer la creciente complejidad en las aulas por la falta de políticas públicas decididas.
