Esta diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès dentro de unas diligencias previas declaradas secretas. Ambos cuerpos policiales indicaron que la entrada y registro se llevó a cabo “siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación”.
“"No hay ningún dato o información que permita ni negar ni validar la responsabilidad del Centro de Investigación en Sanidad Animal en la expansión del virus. No podemos ni confirmar ni desmentir una cuestión que se está investigando."
Horas después del registro, la portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica, Sílvia Paneque, solicitó “máxima prudencia” en el marco de la investigación. La semana pasada, el IRTA-CReSA, que realiza experimentos con el virus de la PPA, defendió que “no se ha producido ninguna incidencia susceptible de haber afectado la bioseguridad” por las obras de construcción de un nuevo edificio adyacente.
El centro aclaró que los trabajos de ampliación se encuentran “en una fase inicial” y limitados “únicamente a trabajos previos de preparación del terreno y urbanización del entorno”, sin actuar “ni en el edificio de bioseguridad ni en ninguna de las instalaciones operativas”.
Mientras tanto, el brote sigue creciendo. El Ministerio de Agricultura confirmó el martes diez casos más de cerdos muertos, sumando un total de 26 animales silvestres positivos desde el inicio del brote. La vigilancia continúa activa en el epicentro, a 6 kilómetros de Cerdanyola, lo que ha provocado el cierre de bosques en municipios como Sabadell.
“"Estamos en un momento de incertidumbre. Tenemos la sensación de pagar los platos rotos. Justos por pecadores. Estamos pendientes de la administración, de si matamos a todos los cerdos de la zona o no, con el alma en vilo dependiendo de lo que digan. Pero no pinta bien."
