El malestar en la Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix ha surgido a raíz de la implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos que incluye contenedores con identificación de usuario. Los residentes denuncian que la medida se ha tomado sin consulta previa, ignorando la identidad y la cultura cívica arraigada en el pueblo.
Esta oposición ha encontrado apoyo en figuras políticas locales. El vocal de VOX, Juan Pich-Aguilera, está liderando la recogida de apoyos para oponerse al modelo que considera impuesto “por decreto” y sin entender las necesidades de la calle.
El problema es una forma de gobernar que confunde sostenibilidad con dogmatismo, y modernización con imposición.
Los críticos señalan que las nuevas dinámicas generarán “obstáculos e incomodidades” para las personas mayores y aquellas con movilidad reducida. Además, advierten que modelos similares implementados en otras ciudades han fracasado, provocando el abandono de bolsas junto a los contenedores y la dispersión de desechos por animales como jabalíes y roedores.
Esta revuelta coincide con el estreno de una nueva “supertasa” de gestión de residuos, que se añade a los impuestos ya existentes, incrementando la frustración de los vecinos. Los opositores al plan del Ayuntamiento de Sant Cugat exigen que cualquier cambio se base en el “sentido común, diálogo y consenso”, en lugar de seguir directrices ideológicas como la Agenda 2030.
