El pleno de marzo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha aprobado una propuesta crucial para iniciar la reversión de los puestos del antiguo mercado situado en el paseo de Rocamora, 25. Este espacio, en desuso desde hace años, volverá a ser propiedad municipal gracias a un acuerdo con las personas titulares actuales. La iniciativa busca regularizar una situación enquistada desde hace más de una década y abrir nuevas posibilidades de uso para el espacio.
La propuesta municipal establece que la reversión se realizará de mutuo acuerdo con los titulares registrales, con el objetivo de evitar futuros litigios judiciales. Una vez formalizado, el acuerdo se elevará a escritura pública. El documento prevé que los puestos sean entregados al Ayuntamiento sin cargas ni ocupantes. Económicamente, el expediente valora la finca en 1.026.052,40 euros y fija un pago global de un millón de euros a los titulares antes del 30 de septiembre de 2026.
“"El Ayuntamiento no está comprometiendo gasto sin cobertura, sino aprobando un acuerdo con eficacia suspendida que se desplegará cuando se haya tramitado la correspondiente modificación presupuestaria y se vuelva a fiscalizar."
El alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, aclaró durante la sesión plenaria que el pago de esta cantidad está supeditado a la existencia previa de crédito adecuado y suficiente. Actualmente, no existe una consignación presupuestaria específica para esta operación, ya que el acuerdo con los paradistas se formalizó después de la aprobación de las cuentas del consistorio. Esta circunstancia generó una discrepancia por parte del órgano interventor municipal, que fue resuelta en un pleno extraordinario y urgente previo a la sesión ordinaria.
Egea defendió que la suspensión del pago hasta obtener el crédito necesario antes de la fecha de vencimiento respeta el principio de legalidad presupuestaria y no infringe la normativa. El alcalde se mostró confiado en que la partida presupuestaria necesaria se conseguirá antes del mes de septiembre.
La historia de este equipamiento se remonta al año 1971, cuando el Ayuntamiento concedió la construcción y explotación del mercado a una empresa con la condición de que la propiedad revirtiera al municipio una década después. La situación se complicó jurídicamente cuando el Ayuntamiento no registró públicamente el equipamiento y se descubrió que la empresa concesionaria había vendido los puestos sin estar legitimada para ello. En el año 1989, esta problemática se regularizó con una escritura pública que ratificaba las ventas, pero con dos condiciones resolutorias a favor del consistorio: mantener el uso de mercado y conservar el espacio en condiciones.
Según el expediente, el mercado está cerrado desde el 2010 y los propietarios no han realizado las actuaciones de mantenimiento necesarias ni han mantenido la actividad comercial desde entonces. Este incumplimiento es el fundamento legal que ahora permite al consistorio impulsar la acción resolutoria y recuperar el pleno dominio de los puestos.
