La Fiscalía solicita 33 años de cárcel para los dos principales investigados por asesinato, detención ilegal y delito contra la integridad moral, mientras que la acusación particular eleva la petición a 34 años. Los otros tres acusados se enfrentan a penas de entre seis meses y tres años por encubrimiento de los hechos, que incluyeron la tortura, el degüello y el entierro de la víctima en la planta baja de un inmueble ruinoso en la calle de l'Església de Valls.
Según el escrito de acusación, el móvil del crimen fue una deuda de solo 35 euros por drogas. Los principales acusados, que habitualmente suministraban estupefacientes en este edificio, ataron a la víctima a una silla con cinta americana y comenzaron a golpearlo. Para aumentar el sufrimiento, le aplicaron descargas eléctricas con un palo de madera conectado a la energía antes de degollarlo.
¿Quién es tan tonto de cometer un hecho delictivo en su domicilio y dejar los vestigios?
Durante la primera sesión, el letrado de uno de los procesados acusados de asesinato cambió radicalmente de estrategia, negando que su cliente hubiera culpabilizado al otro investigado durante la instrucción y asegurando que "no sabe quién lo mató". Por su parte, las defensas han pedido la absolución de los cinco, argumentando la falta de pruebas directas y cuestionando la credibilidad de las acusaciones.
La defensa de la mujer que confesó los hechos, y que pasó de ser testigo protegido a acusada, destacó que ella denunció los hechos bajo miedo a represalias. Esta acusada, que vivía en el inmueble a cambio de realizar tareas de limpieza, fue quien alertó a los Mossos d'Esquadra el 21 de marzo, lo que permitió localizar el cadáver en el sótano.
