Las puertas de los consistorios de Barcelona y Badalona han vuelto a ser escenario de largas colas de personas que buscan el certificado de vulnerabilidad social, un requisito indispensable para la regularización extraordinaria. Esta situación, que se ha vuelto habitual desde el inicio del plazo, ha llevado a los ayuntamientos a implementar medidas como el reparto de citas diarias y la presencia de la Guardia Urbana para ordenar la afluencia.

A pesar de los esfuerzos, la demanda sigue desbordando los servicios sociales en toda Cataluña. Entidades como Cáritas se están preparando para colaborar en la emisión de estos certificados, aunque su dispositivo aún está en fase de definición. La preocupación principal de los solicitantes es no poder completar el proceso antes de la fecha límite del 30 de junio.

En Badalona, las colas se organizan por turnos, con unas 70 citas diarias destinadas al certificado de vulnerabilidad. En Barcelona, el ayuntamiento ha activado diversos dispositivos, incluyendo el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) y las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), para gestionar la presión sobre el sistema asistencial. La Guardia Urbana se encarga de informar a los solicitantes y de aclarar que solo pueden ser atendidas las personas empadronadas en la ciudad.

Las largas esperas se deben principalmente a la obtención de este certificado específico, que puede ser emitido tanto por los ayuntamientos como por entidades colaboradoras como la Fundación Ibn Battuta y, próximamente, Cáritas. Esta última organización ha indicado que su servicio se dirigirá, en principio, a personas ya vinculadas a la entidad.