Estas firmas, que se dedican a influir en el sector público por encargo de terceros, principalmente empresas, han proliferado a raíz de la fragmentación política, la creciente complejidad de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. Su labor se profesionaliza, ofreciendo asesoramiento, estrategias de marcado y "agenda de contactos" para incidir de manera propositiva en las decisiones gubernamentales y parlamentarias.
Entre las consultoras más destacadas por su antigüedad y relevancia se encuentran Estudio de Comunicación, Llorente y Cuenca, Kreab, McKinsey, Atrevia, Roman y Omnicom Public Relations Group. Además, las grandes firmas de auditoría como las Big Four (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG) también han abierto líneas de negocio en este ámbito. Paralelamente, han surgido "boutiques" de menor formato que ofrecen un contacto más directo con los clientes.
Un fenómeno creciente es la incorporación de expolíticos en estas consultoras, que aportan conocimiento del funcionamiento ministerial, procedimientos legislativos y una valiosa agenda de contactos. Esta práctica genera debate, ya que algunos críticos señalan que se puede rozar el tráfico de influencias. La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) lleva casi dos décadas reclamando una regulación de los lobbies a nivel estatal, similar a la que ya existe en algunas comunidades autónomas como Cataluña.
“"El problema surge cuando el expolítico utiliza este capital de contactos en zonas grises que pueden rozar el tráfico de influencias."
La falta de regulación es uno de los principales problemas señalados por los expertos. La Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) se encarga de controlar las "puertas giratorias" para excargos de gobierno, exigiendo un período de dos años antes de aceptar trabajos que puedan generar conflicto. Sin embargo, esta regulación no se aplica a los exdiputados, creando un vacío legal. El proyecto de ley de integridad pública, actualmente en trámite en el Congreso, busca aportar más transparencia al sector.
El sector ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos veinte años, impulsado por la ola de lobismo en Bruselas. Se prevé que el volumen de negocio a nivel estatal alcance los 200 millones de euros en 2030, con unos 5.000 profesionales activos. En Cataluña, el avance regulatorio en ámbitos como la vivienda, el turismo y la movilidad ha hecho crecer la demanda de consultoras especializadas, especialmente en sectores como el industrial, el sanitario y el digital.
