A partir de ahora, los individuos detenidos y condenados en más de una ocasión por delitos como el robo de un teléfono móvil podrán enfrentar penas de prisión que oscilan entre uno y tres años. Esta es una de las disposiciones más relevantes del endurecimiento de las penas que se aplica con la entrada en vigor de la ley de la multirreincidencia.

La iniciativa, originalmente propuesta por Junts, fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados hace dos semanas, con el apoyo de partidos como el PP, el PSOE, Vox, el PNB y UPN. El objetivo principal de la norma es hacer frente a los ladrones que cometen hurtos de forma reiterada, un tipo de delito que genera una gran carga de trabajo para las fuerzas policiales y es el más denunciado en la ciudad de Barcelona.

Los datos de los Mossos d'Esquadra revelan que durante el 2024 se registraron 202.941 hurtos en Cataluña, con una concentración significativa en Barcelona y su área metropolitana, muchos de los cuales atribuibles a ladrones reincidentes. Hasta ahora, estos casos solían resolverse con una multa, pero la nueva legislación prevé la posibilidad de enviar a prisión a un ladrón con tres sentencias firmes, independientemente del valor de los objetos sustraídos.

La reforma legislativa, que fue una de las demandas de la formación de Carles Puigdemont al gobierno de Pedro Sánchez, fue presentada en 2024 y fue finalmente impulsada el pasado 26 de marzo, después de haber estado aparcada durante meses por la disconformidad de Sumar. Su tramitación se reactivó después de que Junts anunciara la ruptura de relaciones con el PSOE.

Durante la tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts acordaron también castigar con hasta tres años de prisión el robo de móviles y endurecer las penas para ciertos delitos de estafa. La ley también faculta a los ayuntamientos a personarse en las causas de hurtos de reincidentes, incluso si la víctima no presenta denuncia.

Además, tras su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se ha aprobado una enmienda que establece penas de prisión de seis a dieciocho meses o multas para quien defraude energía para el cultivo de marihuana, y otra que prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión el conocido como "petaqueo", relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.

Sin embargo, se vetó una propuesta del PP para ampliar las plazas de Fiscalía y una enmienda que habría supuesto el despliegue de 400 funcionarios adicionales en las comisarías de extranjería. Estos vetos, alegando un sobrecoste presupuestario de unos 70 millones de euros, fueron aceptados en la Mesa de la Cámara Baja con el apoyo del PSOE y Sumar.