La Fiscalía Provincial de Barcelona sostiene que el grupo aprovechó la emergencia sanitaria de marzo de 2020 para diseñar un entramado de sociedades pantalla. A través de empresas como Tiger Global SLU o Slussen Gata SL, la red simuló una solvencia económica inexistente para acceder a financiación destinada a paliar los efectos del coronavirus.

Según la investigación del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, los acusados presentaban certificados manipulados de la Agencia Tributaria con códigos de verificación inventados. Esta documentación falsa permitía superar los controles de riesgo de entidades como BBVA, Banco Santander o CaixaBank.

El ministerio público señala a Jordi Ribadulla como el presunto cerebro de la trama, para quien pide una pena de 14 años y seis meses de prisión. El escrito de acusación también implica a Fernando José Mouriño como gestor técnico y a diversos testaferros que figuraban como administradores.