En una carta dirigida al comisario Apostolos Tzitzikostas, las asociaciones denuncian que la normativa ha sido diseñada para proteger los intereses del taxi. Según el sector, la ley podría suponer la eliminación de 600 de las 990 licencias actuales en el área de Barcelona.
El texto legislativo establece permisos de solo dos años de duración y exige a los conductores un nivel B1 de catalán. Las patronales estiman que estas restricciones pondrían en riesgo 6.000 empleos y generarían una pérdida de ingresos fiscales de 72 millones de euros.
“"La normativa persigue proteger los intereses económicos del taxi, una finalidad incompatible con la normativa europea."
El Parlament ya ha rechazado las enmiendas a la totalidad, permitiendo que la norma siga su curso con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, incluidos PSC, ERC y Junts.
