Esta inyección económica se materializó en un momento crítico de la segunda ola de la pandemia de la Covid-19, cuando los hospitales y la atención primaria se encontraban bajo una presión asistencial extrema. La decisión del Gobierno buscaba garantizar la capacidad de respuesta del sistema sanitario catalán.
Los 300 millones de euros adicionales se destinaron principalmente a la contratación de personal sanitario, la adquisición de equipo de protección individual (EPI) y el refuerzo de las infraestructuras hospitalarias. El objetivo era doble: mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento, y proteger a los profesionales de la salud.
La inversión extraordinaria era imprescindible para mantener la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes en un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes.
Este refuerzo presupuestario se sumó a otras medidas económicas ya implementadas por la Generalitat desde el inicio de la emergencia sanitaria, subrayando la prioridad del gasto público en el Departamento de Salud durante el último trimestre de 2020.
