El trasvase laboral entre las provincias vecinas de Lérida y Huesca, frecuente en sectores como el agrícola y el transporte, se convertiría en un problema técnico y jurídico con la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación singular de Cataluña. Según datos de 2023, cerca de 9.500 contratos laborales se verían potencialmente afectados, incluyendo 2.923 personas con domicilio en Huesca que trabajan en Lérida y 6.631 residentes en Lérida que lo hacen en Huesca.
“"Resultaría imposible conciliar la información procedente de dos bases de datos independientes para efectuar las devoluciones con la rapidez que se consigue ahora."
El dilema se conoce como 'retenciones cruzadas'. Si una empresa catalana contrata trabajadores domiciliados en Aragón, las retenciones del IRPF se ingresarían en Cataluña. Sin embargo, los trabajadores tendrían que declarar y solicitar la devolución del impuesto en su comunidad de residencia, en este caso Aragón, dificultando la gestión por parte de la Agencia Tributaria estatal, que no tendría acceso directo a los datos fiscales generados en Cataluña.
La IHE advierte que el modelo planteado, que implica no solo la recaudación sino también la gestión, inspección y liquidación del IRPF en Cataluña, pondría en peligro el funcionamiento interno de la Agencia Tributaria y su capacidad para detectar fraudes. Además, esta fragmentación fiscal pondría en riesgo la financiación de los servicios públicos en comunidades receptoras netas del sistema de redistribución, como Aragón o Andalucía, al reducir la base contributiva común.
