El consistorio ha fijado el 15 de agosto como fecha límite tras la cual los propietarios que no hayan censado genéticamente a sus mascotas podrán ser sancionados con 1.500 euros. El proceso implica una prueba veterinaria para obtener una secuencia genética vinculada a un código QR, con un coste de entre 35 y 45 euros.
“"El Ayuntamiento podría haber reforzado otras acciones preventivas y de convivencia, como la vigilancia en las calles con personal cualificado."
La medida ha provocado el rechazo de parte de la ciudadanía. Emili Badia ha lanzado una petición en Change.org que ya suma apoyos contra lo que consideran una norma intrusiva. Los críticos argumentan que el sistema plantea dudas sobre la privacidad y la protección de datos al permitir reconstruir patrones de presencia en la ciudad.
