Las sesiones celebradas en la Audiencia de Tarragona finalizaron con los informes finales, donde la Fiscalía mantuvo las peticiones de penas de entre 20 y 32 años de prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita y depósito de armas. Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución de todos los acusados, alegando que su participación en los hechos no ha quedado demostrada.
“"Tenía que haber un conflicto muy grave para ir a las 9.30 de la mañana con metralletas y armas a disparar contra una fachada."
El Ministerio Fiscal defendió la identificación de los dos presuntos asaltantes, citando las declaraciones de la madre y la hermana de los hermanos residentes en el edificio asaltado, considerándolas 'testigos sólidos y creíbles'. El hecho de que desde el balcón se llamara a los asaltantes por su apodo es, según el fiscal, un indicio de que se conocían previamente.
La estrategia de las defensas se centró en cuestionar la credibilidad de los testigos y aportar coartadas. Un letrado señaló que su cliente no fue identificado por ningún otro testigo, mientras que otro argumentó que su representado estaba bajo seguimiento de los Mossos d'Esquadra en Botarell, a 23 minutos de Reus, a la hora de los hechos.
En cuanto a los tres hermanos acusados, las defensas intentaron anular la entrada y registro policial en el domicilio donde se encontraron las armas, alegando falta de justificación y de mandato judicial. También defendieron que los disparos efectuados desde el edificio fueron en concepto de legítima defensa y sin intención de matar.
A pesar de que el plazo máximo de prisión preventiva de dos años está a punto de cumplirse, la jueza aceptó la petición de la Fiscalía de alargar el encarcelamiento provisional hasta que se dicte sentencia, rechazando las peticiones de libertad de los acusados.
