El organismo de control requirió sin éxito la información relativa a la contratación de unos servicios jurídicos en un caso de reparcelación urbanística. Esta falta de colaboración ha motivado que la Oficina Antifraude haya decidido llevar el caso a la Fiscalía, puesto que la no remisión de documentación puede tener “relevancia penal”.

Según la memoria, el Ayuntamiento de l'Arboç es la única entidad local catalana incluida en el documento por esta razón. El alcalde, Joan Sans, atribuyó la situación a un “error administrativo” y aseguró que la documentación ya ha sido tramitada desde diciembre.

La petición de la documentación se realizó de forma reiterada. La Oficina Antifraude solicitó la información hasta cinco veces entre abril de 2023 y junio de 2024. El 5 de noviembre de 2024 se constató formalmente la ausencia de colaboración y de respuesta a los requerimientos.