Ana Barrios, de 37 años, reside en la Marina del Port desde hace casi cinco años, donde se trasladó desde Santa Eulàlia (Hospitalet de Llobregat) por la proximidad a la Escuela Especial Nostra Senyora de Montserrat, a la que asisten dos de sus tres hijos, todos ellos con autismo. Tras denunciar a su pareja por violencia machista y la muerte de su padre, quien era su cuidador, a principios de 2023, la mujer se encontró en una situación económica límite.
“"Fui cuidadora de mi padre y soy madre las 24 horas y los 365 días del año porque mis hijos dependen de mí un 90%. Cuando él murió, tuve que decidir si pagaba el alquiler o comíamos."
El piso, situado en la calle de la Mare de Déu del Port, fue vendido a un particular que se negó a negociar un alquiler social. El juzgado ordenó el lanzamiento el pasado mes de octubre, pero un error de la abogada provocó que Barrios no fuera avisada hasta el jueves de la semana pasada, a pocos días de la fecha fijada para el desalojo, que era este lunes.
Ante la desesperación, la pareja actual de Barrios contactó con el Grup d’Habitatge de Sants (GHAS), que se movilizó inmediatamente. Casi una treintena de personas se concentraron el lunes, 12 de enero, frente al domicilio. Gracias a la intermediación del GHAS y el Servicio Municipal de Intervención y Mediación en situaciones de pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO), la propiedad y la comitiva judicial acordaron aplazar el desalojo hasta el próximo 27 de febrero.
Este aplazamiento da un margen de un mes y medio a la familia para encontrar una alternativa. Barrios insiste en que necesita una vivienda asequible, alrededor de 400 euros, y que debe ser en el barrio debido a la vinculación de sus hijos a la escuela. Los servicios municipales de Vivienda se han comprometido a ofrecerles una solución en la zona antes de la nueva fecha, ya sea a través de un piso de Protección Oficial u otra fórmula.
