Lo que debía ser un frente común del empresariado catalán para marcar el rumbo del nuevo modelo de financiación se ha convertido en una auténtica guerra de guerrillas marcada por el choque de egos y las urgencias políticas. Tras el acuerdo entre el PSC y ERC, la Cambra de Comerç encargó un texto a Joan Ramon Rovira, director de Análisis Económico de la entidad. A la Cambra se adhirieron los otros miembros del G8, incluyendo Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, la fundación FemCat, el Col·legi d'Economistes y la Fira.
Era imposible entender nada. Demasiado denso, técnico y detallista. La ciudadanía no está para estas historias.
La Cambra de Comerç tendió la mano a Foment del Treball para que se uniera al acuerdo, que aceptó con la condición de poder hacer enmiendas. Las cuitas fueron constantes, ya que la propuesta inicial se consideró excesivamente técnica y, según representantes de Foment, demasiado "dócil" con el Govern y la consellera Alícia Romero.
Foment del Treball logró incluir diversas demandas clave, como denunciar la situación "crítica" de las infraestructuras catalanas (cifrando la desinversión en 42.500 millones desde 2014) y blindar la ordinalidad fiscal por ley. Además, exigió añadir que Cataluña debe "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar" todos sus tributos y recalcar que el acuerdo era "un paso adelante", pero "no suficiente".
Finalmente, el manifiesto resultante intenta un complejo equilibrismo político, dando aire al Govern por el avance en el modelo, pero avisando de que no es un cheque en blanco. Un último choque surgió cuando Pimec exigió que se borrara el nombre de la patronal vallesana Cecot de la firma, alegando que ya forman parte de Foment, a pesar de que Cecot había participado activamente en las negociaciones.
