En el marco de la operación 'Vent de Ponent', la Guardia Civil de Lleida investiga los hechos como un supuesto delito de daños. La empresa, con sede en la demarcación de Tarragona, carecía de la autorización necesaria para realizar tratamientos fitosanitarios por vía aérea, además de utilizar un producto prohibido para esta aplicación.
El cuerpo policial destaca que estas prácticas están en auge y es necesario disponer de todas las autorizaciones correspondientes para poder llevarlas a cabo, exigidas por Seguridad Aérea y Sanidad Vegetal.
La aplicación de los productos con dron, posiblemente sin tener en cuenta los factores climatológicos, provocó que los herbicidas se esparcieran por campos adyacentes. Esto afectó a árboles frutales que se encontraban en periodo de floración, causando daños tanto a la producción como a los propios árboles, según las denuncias presentadas por tres propietarios.
Agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) iniciaron la investigación a raíz de la denuncia. Se tomaron muestras junto con técnicos de Sanidad Vegetal de Cataluña y se enviaron al Laboratorio Agroalimentario de Cabrils, en Barcelona, para su análisis. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer.
