La T-social unifica títulos de transporte bonificados para 70.000 usuarios de 21 municipios

La nueva tarjeta, impulsada por la AMTU y la ATM, simplificará las bonificaciones para personas mayores y con discapacidad a partir de 2027.

Targeta de transport contactless amb un fons que representa la mobilitat urbana i la integració de serveis.

Targeta de transport contactless amb un fons que representa la mobilitat urbana i la integració de serveis.

La Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) ha presentado la T-social, una tarjeta unificada que beneficiará a 70.000 usuarios con bonificaciones sociales de 21 localidades de las comarcas de Barcelona, con previsión de funcionar a finales de 2026.

La T-social nace de la colaboración entre la AMTU, la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y el Departamento de Territorio de la Generalitat. Este nuevo título, presentado en Granollers, beneficiará inicialmente a 21 ayuntamientos, incluyendo Igualada, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Vic y Martorell, entre otros, y está diseñado para personas mayores o con discapacidad, así como sus acompañantes.
El proyecto comenzó con la firma de un convenio en mayo de 2025 para la gestión de datos de usuarios. La firma de los convenios con los ayuntamientos adheridos se llevará a cabo el primer trimestre de 2026. La implementación de las primeras tarjetas está prevista para el último trimestre de 2026, con la plena integración y puesta en marcha durante el primer trimestre de 2027.

"Estamos trabajando por una mejora que beneficiará a unas 70.000 personas, que disfrutarán de esta T-social y que darán un salto al sistema contactless."

Mar Molina · Presidenta de la AMTU
Esta tarjeta, complementaria a la T-Mobilitat y con soporte de PVC garantizado por 5 años, permitirá a los usuarios tener todas las bonificaciones municipales en un solo soporte, simplificando los trámites. Además, su implementación supone un “salto tecnológico” hacia la validación sin contacto, facilitando la obtención de datos de demanda real para que los ayuntamientos ajusten los servicios.
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