La ACM y las Diputaciones impulsan un nuevo servicio de asistencia urbanística municipal

El acuerdo con el Conselh Generau d'Aran busca reducir las desigualdades territoriales y reforzar la seguridad jurídica de los ayuntamientos.

Representació genèrica d'un pla urbanístic o documents legals sobre una taula de reunions institucional.

Representació genèrica d'un pla urbanístic o documents legals sobre una taula de reunions institucional.

La Associació Catalana de Municipis, el Conselh Generau d’Aran y las cuatro Diputaciones firmaron un convenio el 13 de enero para crear un servicio de asistencia urbanística para todos los ayuntamientos catalanes.

La Associació Catalana de Municipis (ACM), a través de la Fundació d’Impuls del Territori (FMIT), junto con el Conselh Generau d’Aran y las Diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, han formalizado hoy un convenio de colaboración. Este acuerdo tiene como objetivo poner en marcha un nuevo servicio de asistencia urbanística dirigido a todos los consistorios, con una atención especializada para los municipios con menos recursos propios.
El acuerdo busca ofrecer soporte técnico y jurídico especializado en materia urbanística, uno de los ámbitos más complejos de la gestión municipal, marcado por una normativa cada vez más exigente y la falta generalizada de personal especializado. Este nuevo recurso servirá para agilizar las formalidades urbanísticas, mejorar la calidad y reforzar la seguridad jurídica de las acciones municipales.
El Conselh Generau d’Aran y las cuatro Diputaciones garantizarán la logística y la proximidad territorial del servicio. La voluntad es que llegue a todos los municipios de Cataluña y no se concentre solo en las grandes ciudades o áreas metropolitanas. El objetivo principal es reducir las desigualdades territoriales y asegurar que todos los ayuntamientos dispongan de las herramientas necesarias.
Paralelamente, la ACM impulsará, mediante la FMIT, un plan de formación específica en urbanismo. Este programa se dirige tanto a cargos electos como a personal técnico municipal, con el fin de mejorar el conocimiento del marco normativo y combatir la denominada «burocracia defensiva», dotando a los ayuntamientos de mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones.
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