La situación de inhabitabilidad se arrastraba desde hacía meses. La vecina Elsie, madre de un pequeño de 5 años, vivía con puntales en el comedor, recibidor y el resto de estancias de su piso en el número 24 de la calle del Tigre. El Ayuntamiento de Barcelona había advertido al propietario de la necesidad de tomar medidas para mantener el inmueble en buen estado y evitar derrumbes.
No sé qué haremos… Supongo que iremos a un hostal o una pensión hasta que encontremos algo.
A pesar de tener contrato en vigor y estar al corriente de pago, la propiedad solicitó medidas cautelares para desalojar a siete inquilinos alegando riesgo estructural y que los domicilios eran inhabitables. Los inquilinos, conscientes de la necesidad de reforma urgente, se negaron a marcharse sin garantías de reubicación o de poder regresar a sus hogares, tal como marca la ley.
“"Es muy duro e injusto que nos traten así. Solo somos gente trabajadora que paga el alquiler."
El caso generó un “galimatías jurídico” ya que dos juzgados de instrucción llegaron a conclusiones opuestas. El Juzgado de Instrucción número 56 permitió a dos vecinas (Mireia y Montse) quedarse, basándose en un informe de los Bomberos de Barcelona que concluía que, a pesar de los puntales, no existía peligro de derrumbe inminente del inmueble.
En cambio, el Juzgado de Instrucción número 22 ordenó el desalojo de las otras siete familias, priorizando un informe de arquitectura privado encargado por la propiedad. Desde los sindicatos (Sindicat Habitatge Socialista de Catalunya y Sindicat d’Habitatge del Raval) se subraya que el desalojo es una medida cautelar. Cuatro de las familias desalojadas han sido derivadas al servicio municipal SIPHO para encontrar un alojamiento temporal.
