Trabajadoras del sector se concentraron este sábado en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para “dignificar” su ámbito, denunciando que la externalización del servicio por parte de la Cruz Roja las convierte en la versión de bajo coste de la atención a las personas más vulnerables. Las educadoras sociales Laia Lazaro y Marina Tort, del CAS Lluís Companys, confirmaron que la huelga ya suma 43 días.
“"Es verdad que Cruz Roja ejecuta una discriminación laboral sobre nosotras, pero la Generalitat lo permite."
Entre las peticiones principales se encuentra la equiparación salarial con el resto de centros que realizan la misma tarea, el reconocimiento de los riesgos asociados al puesto de trabajo y el asesoramiento psicológico y jurídico ante posibles situaciones de violencia. Lazaro lamentó que su centro dependa de un “convenio de acción social”, mientras que el resto de centros similares gozan de “convenios sanitarios” con mejores condiciones.
“"Las compañeras están soportando un peso emocional y físico bastante grande, pero hemos llegado a un punto en el que hemos considerado que era la herramienta que teníamos para poder cambiar las cosas."
Esta situación, que las trabajadoras definen como complicada, no solo afecta al personal, sino también a los usuarios. Tort subrayó que el movimiento también defiende la dignidad de estas personas, que a menudo tienen historias de vida marcadas por la violencia, buscando una mejor calidad de vida para ellos.
