La población ajustada es el mecanismo principal para calcular los fondos que debe recibir cada comunidad autónoma. Se basa en el censo total de la población, pero corregido según una serie de criterios ponderados, con el objetivo teórico de asegurar que todos los ciudadanos tengan prestaciones sociales equivalentes, independientemente de su lugar de residencia en el territorio español.

Sin embargo, catedráticos de economía como Joaquim Solé de la Universidad de Barcelona advierten que este mecanismo, aunque ofrece una pátina de rigor científico, es fácilmente manipulable. Además, tanto el modelo vigente de 2009 como el propuesto ahora no incluyen una variable crucial: el coste de la vida en cada comunidad, que condiciona en gran medida el resultado final de las prestaciones sociales.

La propuesta de la ministra Montero modifica ligeramente el modelo de 2009. Los pesos principales se mantienen: la población real tiene un peso del 30%, el gasto en sanidad del 38% y la inversión en educación del 20,5%. La principal novedad es la diversificación de los tramos de edad en sanidad (de 7 a 20 tramos) y la segregación de la educación superior.

Este sistema de nivelación implica que el 75% de los impuestos recaudados por las comunidades van a una caja común que se reparte según la población ajustada. Actualmente, solo tres autonomías son contribuyentes netas, aportando más de lo que reciben: Madrid, Baleares y Cataluña. La catedrática Núria Bosch destaca que, aunque se asegura que Cataluña será la tercera en recibir fondos per cápita, el concepto de ordinalidad no se ha plasmado por escrito.