La vía judicial en Andorra, impulsada por el IDHA y la entidad Drets, ha sumado a los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios de la BPA, y parte de la familia Pujol-Ferrusola. El sumario implica al expresidente Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, así como a miembros de la cúpula policial de la época.
La ofensiva se basa en las declaraciones de los exministros andorranos Jordi Cinca y Gilbert Saboya, quienes el pasado 4 de noviembre abrieron una brecha en la investigación sobre cómo actuaron las autoridades financieras para forzar la intervención de la entidad bancaria. Los abogados del IDHA han presentado un escrito de 21 páginas detallando sus sospechas.
¿No será que su intervención directa en sus diferentes cargos tiene algo que ver?
Paralelamente, el grupo de Junts per Catalunya en el Congreso, con los diputados Josep Pagès y Míriam Nogueras, ha presentado una petición para desclasificar la documentación referente solo al Sepblac, utilizando la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña. Esta maniobra sigue el ejemplo de la desclasificación de documentos sobre los atentados del 17-A.
Esta petición busca arrojar luz sobre el interés del entonces secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, quien presidía el Comité Permanente del Sepblac y se reunió con los ministros andorranos en abril de 2015, un mes y medio después de la intervención de la BPA, a pesar de tratarse de una entidad bancaria de otro país.
