Estos trabajadores constituyen la mano de obra mayoritaria en sectores básicos para el día a día de la población, incluyendo mataderos, plantas de elaboración cárnica, empresas de la construcción, el campo, servicios de limpieza urbana, establecimientos hoteleros y geriátricos. Aunque suelen ocupar puestos de baja remuneración, su presencia es vital para mantener la actividad.
Sin embargo, cada vez más migrantes ocupan puestos de mayor poder adquisitivo. Entre los ejemplos destacan decenas de médicos en centros sanitarios, ingenieros contratados por firmas locales, e investigadores internacionales de la Universidad de Lleida (UdL) como el chipriota Paul Christou y el argentino Gustavo Slafer.
Vincular inmigración con delincuencia constituye una auténtica falacia.
La ultraderecha difunde el mensaje de que un gran número de migrantes viene a delinquir o a aprovecharse de las subvenciones, una afirmación que ignora que la delincuencia no está ligada al origen y que la mayoría contribuye activamente a la sociedad.
Otro argumento habitual es que la afluencia de migrantes ha colapsado los servicios públicos. Esta afirmación olvida que sin el volumen de trabajadores foráneos que cotizan a la Seguridad Social, muchos de los cuales llegaron en su día de forma irregular, el sistema de pensiones actual sería, con toda probabilidad, inviable.
La realidad demuestra que el flujo migratorio se adapta a la coyuntura económica: fue alto durante el auge, cayó durante la crisis y ha repuntado con fuerza en el último lustro. La exigencia principal para los recién llegados es el cumplimiento de las normas de convivencia y el esfuerzo por aprender la lengua propia del país, clave para la cohesión social.
