La situación de la vivienda en la capital del Vallès Occidental ha trascendido la mera estadística, afectando a jóvenes que no pueden emanciparse y a familias que destinan casi la mitad de su sueldo al alquiler. El síntoma más cruel de esta problemática es el incremento de personas sin hogar, que duermen en la calle o en vehículos, incluso mientras mantienen un empleo.
Esta realidad se presenta como el resultado de un modelo aplicado durante décadas de gobiernos de izquierda en Sabadell, Cataluña y España, basado en la intervención, la prohibición y el castigo al propietario. Esto ha llevado a una disminución de la oferta de pisos de alquiler y a un miedo generalizado entre los propietarios, que retiran viviendas del mercado.
La problemática se agrava con la ocupación ilegal, que se ha convertido en un factor de erosión de la convivencia en barrios como Can Puiggener, Ca n’Oriac, Torre-romeu o Campoamor, donde los vecinos denuncian edificios ocupados y enganches ilegales de suministros.
La vivienda no se arregla con más intervención, sino con más oferta y más seguridad jurídica.
Ante este escenario, el Partido Popular propone un cambio de rumbo basado en el Plan de Vivienda de Alberto Núñez Feijóo. Este plan se centra en movilizar suelo público para construir vivienda asequible, facilitar licencias, rehabilitar pisos vacíos, reducir impuestos como el IVA de la primera vivienda y garantizar una ley antiocupación que proteja a los propietarios.
El objetivo principal del PP es iniciar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, buscando ofrecer soluciones reales y tangibles frente a lo que consideran “planes infinitos” y “propaganda”.
