Josep Tomàs Salàs, nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC)

Salàs, exmagistrado en Manresa y el TSJC, sustituye a Miguel Ángel Gimeno y promete consolidar la OAC como herramienta de integridad pública.

Nomenament d'un alt càrrec institucional en una cerimònia oficial al Parlament de Catalunya.

Nomenament d'un alt càrrec institucional en una cerimònia oficial al Parlament de Catalunya.

El exjuez de Manresa, Josep Tomàs Salàs, tomó posesión el miércoles en el Parlament como nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), prometiendo lealtad institucional y neutralidad política.

Quien fuera juez de Manresa, Josep Tomàs Salàs, tomó posesión del cargo en un acto celebrado este miércoles en el Parlament. Durante la ceremonia, agradeció la labor a su predecesor, Miguel Ángel Gimeno, recordando que este asumió el cargo en 2016 en un momento difícil para la oficina, a raíz de la polémica con el anterior director, Daniel de Alfonso.

"rigurosa lealtad institucional y neutralidad política"

Josep Tomàs Salàs · Director de la OAC
La trayectoria de Salàs incluye haber sido magistrado titular del juzgado penal número 22 de Barcelona, además de ejercer en Manresa y Vic. Entre 2011 y 2016, fue letrado adscrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Anteriormente, trabajó como letrado de la administración de Justicia (2008-2010) y como abogado (1996-2008).
El nuevo director afirmó que su objetivo es "consolidar definitivamente" la OAC, destacándola como una herramienta fundamental de integridad pública y de calidad democrática para el país. Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, señaló que el acto se produce en un momento en que la democracia "está severamente amenazada a escala mundial".
En el ámbito legislativo, el Govern ha incluido en el Anteproyecto de ley de medidas fiscales una modificación para destinar los importes de las sanciones impuestas por la OAC a la protección de las personas alertadoras y la lucha contra la corrupción. Esta medida llega después de que la OAC multara a una empresa con 600.000 euros en diciembre de 2025 por tomar represalias contra una alertadora.
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