La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca frenar el aumento del consumo de estos productos en España, que se ha triplicado en las últimas tres décadas. Este incremento está asociado al deterioro de la calidad de la dieta y al aumento del riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, según advierten artículos científicos publicados en la revista The Lancet.
El alcance de la medida incluye centros sanitarios, sociosanitarios, residencias de mayores, centros de atención a víctimas de violencia de género, centros de tutela de menores, museos, bibliotecas, universidades, espacios deportivos y cafeterías de centros públicos de trabajo.
Se prohibirá por completo ofrecer ultraprocesados en los menús destinados a niños y adolescentes ingresados en hospitales o centros residenciales, así como en comedores abiertos al público.
Para los centros en régimen residencial o pensión completa, el decreto establece un límite máximo de dos raciones semanales de ultraprocesados en las comidas principales, y solo una ración a la semana para desayunos y meriendas. Además, la medida obliga a que al menos el 80% de los productos de las máquinas expendedoras sean saludables, evitando su colocación en lugares de máxima visibilidad.
La norma también establece la obligación de implantar fuentes en las instalaciones públicas, adecuadamente señalizadas, para ofrecer acceso gratuito a agua potable a los usuarios.
