El sicariato se dispara en España: el precio de la muerte cae hasta los 1.700 euros

La creciente presencia de mafias internacionales, como la Mocro Maffia, ha disparado el número de ejecuciones, superando el medio centenar anual.

Una silueta anònima en un carrer fosc, simbolitzant el crim organitzat i els sicaris.

Una silueta anònima en un carrer fosc, simbolitzant el crim organitzat i els sicaris.

Policías y fiscales alertan de un repunte significativo de los asesinatos por encargo en España durante el último año, con cifras que superan las 50 ejecuciones anuales, impulsadas por la guerra entre clanes extranjeros y la drástica bajada de los precios.

El Consejo de Seguridad Nacional ya advirtió en agosto de un incremento de la violencia ligada al crimen organizado, especialmente los ajustes de cuentas. Fuentes policiales y fiscales avanzan que la Memoria de la Fiscalía 2025 certificará este ascenso, ya que los crímenes por encargo han pasado de una veintena anual antes de 2020 a más de 50 o 60 casos consumados el último año.

En 2025 hubo más de medio centenar de casos: 50 o 60. Crímenes que muchas veces no se denuncian. Si contabilizamos los consumados y los que se acaban frustrando, podríamos hablar de un centenar.

El perfil del sicario también ha evolucionado. Aunque persiste el modelo latinoamericano que viaja de forma exprés para ejecutar el encargo, ha surgido el fenómeno de los llamados 'suecos del patinete'. Se trata de menores de edad, captados por la Mocro Maffia neerlandesa a través de redes sociales, que son enviados a España para perpetrar ejecuciones, utilizando patinetes para sus desplazamientos.
Los principales motivos son el cobro de deudas, los 'vuelcos' de droga y las guerras entre clanes internacionales, como los serbios Kavac y Skaljar, que tuvieron Barcelona como escenario de un enfrentamiento el verano pasado. Esta elevada competencia ha provocado una caída drástica de los precios: si antes los encargos podían costar 50.000 euros, ahora una ejecución se puede conseguir por tan solo 1.700 euros.
Estas operaciones se gestionan a menudo a través de las llamadas 'oficinas de cobro', sucursales de grandes grupos latinoamericanos o mafias de Europa del Este, establecidas principalmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Este fenómeno crece en España por ser una puerta de entrada de droga, un refugio cómodo y por la legislación penal más laxa en comparación con países como Colombia o Marruecos.
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