La falsa amenaza, que obligó a activar el comité de crisis del aeropuerto de Barcelona-El Prat, se investiga como una posible manipulación de la red Wi-Fi del avión. Fuentes próximas a la investigación señalan que la acción podría encajar provisionalmente en el artículo 561 del Código Penal, que castiga la creación deliberada de situaciones de grave riesgo para la seguridad colectiva.

Las penas previstas para este tipo de delitos, especialmente cuando afectan a infraestructuras críticas como el transporte aéreo, pueden conllevar entre tres meses y un año de prisión, además de la posible responsabilidad civil por los costes derivados del operativo. La investigación apunta a que el autor accedió al sistema de conectividad a bordo para modificar el nombre de la red.

Esta modificación fue detectada cuando el vuelo TK1853 de Turkish Airlines, con 162 pasajeros y tripulación, sobrevolaba La Cerdanya. La tripulación alertó de inmediato a las autoridades mediante el código 7700, activando los protocolos de seguridad. La aeronave fue escoltada por dos aviones de combate hasta el aterrizaje de emergencia en una pista aislada de El Prat.

Una vez en tierra, la Guardia Civil asumió la investigación, al ser de su competencia el espacio aéreo, con el apoyo de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y el GEDEX. Tras una inspección exhaustiva, no se halló ningún artefacto explosivo. La aerolínea Turkish Airlines ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el pasajero responsable de la falsa alarma, según confirmó el vicepresidente sénior de comunicaciones, Yahya Ustun.