El TSJC ha desestimado el último recurso presentado por el Ayuntamiento de Bellver de Cerdanya para intentar legalizar el polémico chalet ilegal conocido como Ca l’Alay. La construcción, iniciada sin licencia en 2019 por Joan Porta, exconcejal de Cultura e hijo del exalcalde Xavier Porta, se intentó justificar como una rehabilitación de una antigua masía, a pesar de que solo se aprovecharon ocho piedras del edificio original, según la sentencia.
No es posible reconstruir sobre una inexistencia constructiva. Para que sea posible construir es necesario que exista lo que había sido construido.
Esta controversia urbanística generó una fuerte polémica en la comarca, siendo uno de los motivos del nacimiento del grupo ecologista SOS Pirineus. La presión social y judicial acabó provocando la salida de la familia Porta del consistorio en abril de 2022, con el relevo en la alcaldía por parte de Laia Serra, de Endavant Cerdanya.
La estratagema jurídica, activada por el consistorio en 2020, consistía en modificar el catálogo de masías y casas rurales de Bellver de Cerdanya para incluir Ca l’Alay y así evitar la orden de demolición en suelo no urbanizable. Esta maniobra ha sido desarticulada por la Comisión de Urbanismo de Alt Pirineu y Aran y, finalmente, por el TSJC, cuya contumacia le ha costado al consistorio una penalización de 3.000 € en costes judiciales.
“"No vamos a presionar en un sentido ni en otro. Intentaremos hacer las cosas bien, ser prudentes y no causar perjuicios al ayuntamiento. Esperamos que Urbanismo o Antifraude nos digan qué debemos hacer."
