La AEQT reclama urgencia al Govern para finalizar el plan de competitividad del polígono petroquímico

El presidente Javier Sancho advierte que el sector químico afronta dificultades por el alto coste energético y prevé una mala dinámica en 2026.

Vista de las instalaciones de una planta petroquímica en Tarragona con tuberías y estructuras industriales.

Vista de las instalaciones de una planta petroquímica en Tarragona con tuberías y estructuras industriales.

El presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Javier Sancho, ha exigido al Govern catalán que finalice con urgencia el plan específico para mejorar la competitividad del complejo petroquímico de Tarragona.

El sector afronta graves dificultades marcadas por el elevado coste de la energía, las compensaciones por los derechos de emisiones de CO2 y la complejidad en la importación de materias primas. Sancho ha subrayado que, según las previsiones, la mala dinámica de los últimos años se mantendrá durante el 2026.

"Tenemos el apoyo de los gobiernos, pero quizás no siempre coincidimos con el sentido de la urgencia."

Javier Sancho · Presidente de la AEQT
El objetivo de la AEQT es convertir Tarragona en un “gran hub multienergético” descarbonizado, basado en productos renovables y circulares. Para lograrlo, la entidad reclama incentivos y financiación para proyectos de electrificación y descarbonización, ya que la producción en España ha caído un 9% desde 2020.

"Necesitamos incentivos a la descarbonización y necesitamos financiación y subvenciones que nos permitan poder llevar a cabo estos proyectos."

Javier Sancho · Presidente de la AEQT
Entre los elementos positivos, Sancho ha destacado la construcción de la Ecoplanta, que producirá metanol circular a partir de residuos sólidos urbanos, y el plan de infraestructuras eléctricas. También se espera la aprobación de un electrolizador de hidrógeno verde de 150 megavatios en 2026, aunque no será suficiente para toda la industria.
Finalmente, la AEQT ha celebrado la moratoria de la Comisión Europea sobre la venta de vehículos de combustión más allá de 2035, ya que favorece los combustibles renovables. La industria también trabaja en el proyecto de almacenamiento submarino de CO2, llamado TarraCO2, que la CE financiará con más de 200 millones de euros.
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