La Junta de Vecinos de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra reactivó la semana pasada una antigua reivindicación al presentar una solicitud formal de separación de Cerdanyola y de incorporación a Sant Cugat. Cordón subrayó que la decisión final recae en la Generalitat de Cataluña, pero insistió en que el proceso podría "generar un precedente muy peligroso" para el modelo territorial.
“"La relación entre los dos gobiernos locales está en el peor momento posible. Esta no es la forma en que deben relacionarse los municipios."
El edil de Cerdanyola acusó directamente al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Junts) de "deslealtad institucional" por respaldar la anexión, argumentando que esta se basa en "intereses económicos y electorales". Este choque político se produce a pesar de que los organismos supramunicipales coinciden en que cualquier alteración territorial debería pasar por un acuerdo entre los municipios afectados, una vía que Cordón ve inviable actualmente.
Uno de los argumentos principales detrás de la segregación es la afinidad económica con Sant Cugat, ya que la renta media anual per cápita en Bellaterra (25.799 euros) es significativamente superior a la de Cerdanyola (13.953 euros). Cordón alertó de que la segregación abriría un precedente basado en la renta, cuestionando el modelo de cohesión social y permitiendo que las zonas con mayor poder adquisitivo se desliguen del resto.
El conflicto se reabrió después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de junio de 2024 obligara al consistorio de Cerdanyola a abrir el expediente técnico, aunque el ayuntamiento puede posicionarse en contra. El Ayuntamiento de Cerdanyola trabaja ahora en un informe técnico para justificar la inviabilidad de la propuesta, que se hará público entre febrero y marzo.
